INFORMACION DE FONDO
Informe del Departamento de Estado sobre Trata de Personas 2007
Traducción extraoficial de la sección concerniente a México – Inglés Original
12 de junio de 2007
México (Grupo 2 de la Lista de Observación)
México es un país de origen, tránsito
y destino de personas que son objeto de la trata de seres
humanos para ser objeto de explotación sexual comercial
y trabajo forzado. La mayoría de las víctimas
que vienen a este país lo hacen de América
Central siendo su destino final México o los Estados
Unidos. Un número más reducido de víctimas
proviene de América del Sur, el Caribe, Europa Oriental
y Asia. Un número importante de mujeres, niñas
y niños mexicanos son objeto de tráfico interno
para ser explotados sexualmente, siendo sacados con engaños
de regiones urbanas pobres hacia zonas urbanas fronterizas
y turísticas mediante ofertas falsas de empleo. Muchos
de ellos son golpeados, amenazados y forzados a prostituirse.
El turismo sexual, incluyendo el que involucra a menores,
parece estar creciendo, en especial en áreas turísticas
como Acapulco y Cancún, y en ciudades fronterizas
como Tijuana; los pedófilos extranjeros en su mayoría
proceden de Europa Occidental y los Estados Unidos. Redes
de crimen organizado llevan a mujeres y niñas mexicanas
a los Estados Unidos para ser explotadas sexualmente. En
una nueva tendencia, el año pasado se reportó
el tráfico de niños residentes en los Estados
Unidos hacia México para la explotación sexual
comercial. La trata en México se asocia con el tráfico
de ilegales, y con frecuencia están involucradas
las mismas bandas.
El gobierno de México no cumple completamente con
los estándares mínimos para lograr la eliminación
de la trata de personas; sin embargo, está realizando
esfuerzos importantes para hacerlo. El gobierno de México
sigue estando por cuarto año consecutivo en la Categoría
2 de la lista de observación de países en
función de sus compromisos a futuro de poner en vigor
esfuerzos adicionales el próximo año para
enjuiciar a los delincuentes, proteger a las víctimas,
y prevenir la trata de personas. Aunque se han llevado a
cabo esfuerzos firmes dedicando recursos a las medidas contra
la trata de personas, y a investigar los delitos de este
tipo, aún no se ha progresado en áreas claves
tales como la presentación de acusaciones formales,
fallos de culpabilidad y sentencias de delincuentes dedicados
a la trata de personas; tampoco se ha avanzado lo suficiente
en cuanto a aprobar y poner en vigor la legislación
que tanto se requiere contra la trata de personas a nivel
federal y estatal. No obstante, está avanzando un
esfuerzo integral a nivel federal, y se han aprobado propuestas
de ley diferentes en cada cámara del Congreso mexicano.
Se espera que el Senado de México emita su voto más
adelante este año con respecto a la versión
que aprobó la Cámara de Diputados el 26 de
abril de 2007. Por lo demás, el número de
víctimas de la trata de personas en México
es significativo, y hay indicios de que está aumentando
de forma constante. El fenómeno del turismo sexual
que involucra a menores también va en aumento. México
puede avanzar en sus esfuerzos de combatir la trata de seres
humanos al concentrar recursos adicionales para hacer frente
al problema, enjuiciando de manera agresiva a los tratantes,
aumentando la protección de las víctimas,
confrontando la complicidad en la trata por parte de funcionarios
públicos, y mejorando la cooperación con países
vecinos contra la trata de personas.
Procesamiento Legal
El gobierno de México aumentó los esfuerzos
de investigar y llevar a juicio a los tratantes de seres
humanos durante el periodo de este informe, pero necesita
perseguir a los tratantes de manera más vigorosa,
y asegurar fallos judiciales y sentencias en su contra.
Aunque la aprobación final de la legislación
federal contra la trata de personas está pendiente
en el Senado mexicano, la ley federal de México no
prohíbe actualmente la trata de adultos con el propósito
de explotación sexual comercial, aunque se usan diferentes
leyes federales y estatales para enjuiciar una variedad
de delitos relacionados con la trata. El Artículo
201 del Código Penal Federal de México penaliza
la corrupción de menores, la prostitución
de infantes, y la pornografía infantil, estipulando
penas de hasta 10 años de prisión, las cuales
son lo suficientemente severas, y exceden las penas estipuladas
para otros delitos graves. El Artículo 365 penaliza
la explotación laboral o servidumbre forzada, determinando
un castigo de hasta un año de prisión, lo
cual no es lo suficientemente severo para desalentar las
acciones de trabajo forzado. Aun cuando poner en práctica
una ley federal integral es crítico para fortalecer
la capacidad del gobierno de combatir la trata de seres
humanos, los gobiernos estatales han desempeñado
un papel importante en la promoción general de los
esfuerzos contra la trata de personas en México.
Típicamente, se invoca la jurisdicción federal
en los casos relacionados con el crimen organizado, de manera
que se requieren leyes estatales en la materia para llevar
a juicio los casos a nivel local. Los 31 estados y el Distrito
Federal de México prohíben penalmente diferentes
aspectos de la trata de personas. Tres estados –Michoacán
(de manera limitada), Chihuahua y Guerrero– aprobaron
leyes específicas contra la trata de personas en
2006.
El año pasado, las autoridades federales iniciaron
por lo menos 13 investigaciones sobre la materia, y aseguraron
un veredicto de culpabilidad y una sentencia en un caso
importante en el que el acusado fue extraditado a los Estados
Unidos para enfrentar juicio por traficar mujeres y niñas
mexicanas y prostituirlas en Nueva York. Aunque el número
de sentencias de culpabilidad obtenido el año pasado
en México mantuvo el nivel de 2005, los esfuerzos
del gobierno en cuanto a investigar casos de trata de personas
aumentó de ocho en 2005 a por lo menos 13 en 2006.
Sin embargo, el gobierno continúa experimentando
dificultades y retrasos en cuanto a que avancen los casos
en el sistema judicial, así como en obtener fallos
y sentencias condenatorias contra los tratantes de seres
humanos. En un caso importante, seis acusados –entre
los que se encontraba un oficial de migración de
México– obtuvieron la suspensión o fueron
dejados en libertad mientras estaba pendiente la sentencia
final, con el único resultado de que se convirtieron
en fugitivos de la justicia. Continúan abiertas otras
investigaciones sobre la trata de personas a pesar de años
de análisis, y no continúan en otros casos
porque las víctimas temen represalias de los tratantes
o son desalentadas de presentar cargos por la policía
o familiares. En 2006, el gobierno investigó un caso
relacionado con el trabajo forzado de ciudadanos chinos,
sin embargo, hasta ahora no se han emitido acusaciones formales.
Pero el gobierno aumentó las investigaciones de pedófilos
extranjeros y de bandas internacionales o que utilizan el
Internet para el tráfico sexual, y la policía
federal mejoró la recopilación de datos en
los casos de trata de personas.
Durante el periodo de este informe, el gobierno de México
cooperó con el de los Estados Unidos en varios casos
transfronterizos de trata de personas, y algunos involucraron
juicios en ambas naciones. El gobierno de México
también solicitó y se le concedió la
extradición de un residente de Estados Unidos acusado
de operar una banda de prostitución infantil en Cancún,
quien sigue encarcelado en México. Sin embargo la
competencia de prioridades en cuanto a la aplicación
de la ley y las preocupaciones de seguridad en el país,
así como la falta de recursos gubernamentales, han
afectado las investigaciones criminales contra los tratantes.
La corrupción entre funcionarios públicos,
en especial personal de procuración de justicia local
o de migración, sigue siendo una preocupación
seria. Se informa de algunos funcionarios que reciben o
exigen sobornos, desalientan a las víctimas en cuanto
a presentar información o se hacen de la vista gorda
con respecto a la actividad de tratar a seres humanos en
prostíbulos u otros locales. El gobierno de México
puede mejorar los esfuerzos de aplicar la ley atendiendo
vigorosamente la complicidad en la trata por parte de funcionarios
públicos.
Protección
El gobierno de México mantuvo pero no mejoró
su modesto nivel de protección a las víctimas
durante el año anterior. Aunque no hay refugios o
servicios auspiciados y administrados por el gobierno que
estén dedicados específicamente a las víctimas
de la trata de personas, la dependencia orientada al bienestar
social de México opera refugios que asisten a las
víctimas de la trata junto con otras víctimas
de violencia. El gobierno también proporciona fondos
limitados a organizaciones no gubernamentales que trabajan
contra la trata de personas. La mayoría de las víctimas
extranjeras de la trata en México siguen siendo deportadas,
aunque el gobierno autorizó en septiembre de 2006
la emisión de visas humanitarias de un año,
las cuales son renovables, para las víctimas que
ayuden en el enjuiciamiento de quienes traficaron con ellas.
Hasta ahora, se ha dado este tipo de visas a 11 de tales
víctimas. Sin embargo, muchas de las víctimas
en México no están dispuestas a seguir con
sus casos por temor a ser blanco de represalias por parte
de sus tratantes, muchos de los cuales son miembros de redes
criminales organizadas. Aunque los recursos del gobierno
en esta área puedan ser limitados, establecer un
programa seguro de protección a testigos en los casos
de trata de seres humanos podría ayudar a las fuerzas
de procuración de justicia a garantizar la seguridad
física de las víctimas, y garantizar que declaren
durante el juicio. Aportar fondos a organizaciones no gubernamentales
con capacidad específica contra la trata, haría
que se alcanzara el mismo objetivo. En 2005 no hubo informes
de víctimas a quienes se haya castigado por haber
cometido actos ilegales como resultado directo de haber
sido objeto de la trata. Sin embargo, supuestamente algunos
menores, víctimas de la explotación comercial
sexual en Cancún, fueron explotados por la policía
luego de su detención. El gobierno carece de procedimientos
para identificar a las víctimas de la trata entre
los sectores vulnerables de la población, como son
las personas detenidas por ejercer la prostitución
o por haber violado las leyes migratorias. Además,
no existe un mecanismo formal para referir a las víctimas
identificadas de la trata a organizaciones no gubernamentales
especializadas para que las atiendan. Los esfuerzos para
poner en vigor memoranda de entendimiento con Guatemala,
Belice, Honduras y El Salvador para repatriar a migrantes
indocumentados, incluyendo niños y víctimas
de la trata, siguen siendo incompletos.
Prevención
El gobierno aumentó los esfuerzos de prevención
durante el periodo que abarca el informe. Altos funcionarios
del gobierno mexicano continuaron enfatizando la necesidad
de combatir la trata de personas. El gobierno elaboró
publicaciones contra la trata, y patrocinó seminarios
para concientizar más al público con respecto
a la trata de personas. El Senado mexicano y la policía
federal lanzaron comerciales y campañas en los medios
contra la trata de personas. El gobierno no tiene un plan
nacional para combatir la trata de seres humanos, aunque
algunas agencias gubernamentales han elaborado sus propios
planes. Algunas organizaciones no gubernamentales informaron
que hubo resistencia gubernamental para colaborar en proyectos
y programas contra la trata de personas, en especial a nivel
federal. Se informó de una mejor colaboración
a nivel estatal.
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